Los programas asistenciales han tenido un fuerte impacto y representan el establecimiento de políticas sociales diseñadas en Estados Unidos bajo el programa del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt. Estas políticas fueron transferidas a Puerto Rico, siempre de manera incompleta, sin permitir que los puertorriqueños diseñaran su política social acorde a sus necesidades. El resultado es que el gobierno de Puerto Rico se convirtió en un depositario y administrador de fondos federales destinados a reducir las tensiones que conllevan los altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza que se mantienen en la estructura colonial. El enfoque prevaleciente en el Estado utiliza los recursos económicos distribuidos entre los más necesitados para sostener políticas asistenciales que en muy poco contribuyen a eliminar las causas de la pobreza. En su lugar, generan una fuerte relación de dependencia del gobierno de Puerto Rico con los Estados Unidos para obtener fondos que le permitan mantener el orden dentro del caos generado por una estructura profundamente desigual.
De igual forma, se produce una relación de dependencia de los puertorriqueños con el gobierno local y el norteamericano. Su vida cotidiana está intervenida constantemente por las reglas y decisiones tomadas en Estados Unidos. Desde un punto de vista económico, los fondos destinados al PAN y a otros programas federales, representan millones de dólares que ingresan anualmente en la economía de Puerto Rico, sin ser producidos en ella y constituyen una indemnización y una prebenda o tributo para distintos sectores.

Para los grupos sociales más vulnerables, los fondos federales asistenciales representan la posibilidad de escapar al hambre que muchos recuerdan claramente, pero no la capacidad de salir de la pobreza. La oportunidad para salir de la pobreza es estructural y esa generalmente no está accesible a través de la asistencia social. Se pueden obtener viviendas subsidiadas en los residenciales, becas de estudio o recursos para los sistemas educativos y de salud, pero la calidad y las condiciones que hagan posible el cambio a unas condiciones liberadoras de la pobreza y el acceso al trabajo, no están incluidas en el paquete de la asistencia. Esta apenas indemniza por los costos del enclave colonial. En cambio, atado al asistencialismo, viene el cobro del tributo pagado con lealtad y el miedo omnipresente a los federales. Los fondos exigen el apoyo incondicional al orden/desorden, que no permiten planificar el futuro acorde a las necesidades del país. Se tienen alimentos, pero apenas se produce el 10% de los que se consume. Barriga llena de alimentos muchas veces poco nutritivos, pero el corazón no está contento. Muchas personas se mueren de obesas, pero no tienen la paz y calidad de vida necesarias. El tributo es la dependencia y el estancamiento socioeconómico, que impide salir del deterioro social que a muchos destruye, pero con el que hay pánico a romper. El miedo y la incapacidad de pensar y proyectar el futuro es parte de la dependencia.
Sectores sociales de las estratas medias y altas también dependen de las ayudas gubernamentales. Unos porque son los empleados que distribuyen los fondos y otros porque son quienes importan, venden alimentos, educación y medicinas (muchas veces de baja calidad), y se enriquecen con los fondos federales. Los fondos tejen una tela de araña en la que quedan atrapados personajes de distinta talla y consistencia.
Tampoco podemos pasar por alto el impacto que tienen los fondos federales en el cuadre del presupuesto del gobierno de Puerto Rico y lo que ello representa para los partidos políticos que constantemente nos lo recuerdan. La presencia de los fondos federales atraviesa todas las ramas del gobierno. En el caso de algunas agencias es ínfima la cantidad de fondos que reciben, pero en otras como el Departamento de la Familia, representan más del 80% de su presupuesto. En todos los casos la existencia de los fondos obliga a la agencia a dejarse llevar por una reglamentación que debilita su capacidad de tomar decisiones y transfiere el poder al gobierno federal. Estos fondos también son utilizados como un instrumento de presión, de amedrentar y sujetar a las personas. Se les adjudica una proporción que no es real, pues suele incluirse en ella los fondos que reciben las personas como derechos adquiridos, (Seguro Social, pensiones, desempleo). A su vez, en la medida en que se deteriora la capacidad del gobierno de Puerto Rico de cobrar impuestos, y se reducen las inversiones, mayor es la desesperación de los gobernantes para obtener los fondos que se generan en el gobierno norteamericano para hacer frente a la crisis.
Mucho se habla de la dependencia en Puerto Rico y generalmente cuando se la menciona se hace para referirse a los sectores pobres, a quienes se les atribuyen todas las desgracias del país, o para hacer constar nuestra incapacidad de sobrevivencia sin la presencia norteamericana. Se entrelazan diversas “teorías” y mitos sobre las causas de la pobreza y la dependencia. A quienes viven en las condiciones de necesidad se les hace “responsables de su pobreza por no trabajar” y “preferir” vivir del Programa de Asistencia Nutricional. Se señala, entre otras cosas, que el desempleo es causado por el mantengo, que la gente no quiere trabajar porque le conviene más vivir de las ayudas del gobierno, que la mujeres tienen muchos hijos para que el gobierno los mantenga y que los pobres viven cómodos y saludables con las ayudas que reciben. Todos estos planteamientos forman parte de la ideología del liberalismo, en la cual los problemas de la pobreza son un derivado de la incapacidad individual de las personas de integrarse al mercado de trabajo y consumo. Su incapacidad es el resultado de problemas individuales: carencia de destrezas, problemas morales y éticos, enfermedades emocionales y falta de méritos, entre otras causas. En este contexto, la política social asistencialista tiene el propósito de ayudar a capear la tormenta, permitiendo la sobrevivencia, pero no salir de la misma. En los momentos de profundización de la crisis, la ideología antes expuesta se enfrenta a sus propias contradicciones; ya no son sólo los tradicionalmente pobres quienes tienen que acudir al estado benefactor, sino también aquellos provenientes de los sectores medios, cesanteados y carentes de ingresos.
